Tribunales de Pakistán y la justicia climática ^{CEFR B1}

Los tribunales de Pakistán han afirmado progresivamente un derecho a un ambiente sano. Fallos históricos como Shehla Zia y Asghar Leghari y, más recientemente, la decisión de la Abbottabad Bench del Peshawar High Court en mayo de 2025 han contribuido a esa tradición. El Parlamento reforzó la protección ambiental al añadir el Artículo 9A mediante la 26.ª Enmienda Constitucional.

Pero existen límites prácticos. Casos individuales ilustran el problema: Muhammad (seudónimo) ha litigado contra la deforestación ilegal casi una década y dependió de una ONG local para pagar los costos. La abogada Abira Ashfaq dice que la reducción de fondos a las ONG y la falta de apoyo sostenido al public interest litigation (PIL) hacen que pocas reclamaciones ambientales lleguen a los tribunales.

Expertos como Rafay Alam subrayan que el derecho climático en Pakistán fue desarrollado por un grupo pequeño y que la formación especializada queda concentrada en pocas universidades y con tarifas elevadas. Los jueces suelen conocer estatutos como el Khyber Pakhtunkhwa Environmental Protection Act 2014, pero a menudo carecen de exposición sostenida a la ciencia del clima y a principios jurídicos en evolución.

Además, los casos relacionados con bancos multilaterales afrontan obstáculos: las salvaguardias de prestamistas como Asian Development Bank y World Bank pueden ser más detalladas, pero esos bancos se centran en aprobar proyectos y pueden resistir la intervención judicial. Entre 1986 y 2025, los casos del Sur Global representaron menos del 10% del litigio climático, aunque esa proporción está creciendo.