118 casos por delitos ambientales en República Dominicana ^{CEFR B2}

Hasta septiembre de 2025 se han remitido 118 casos a la justicia por violaciones de la Ley 64-00. El artículo 175 enumera múltiples delitos ambientales, entre ellos daño a áreas protegidas, tala en zonas frágiles, caza o pesca de especies protegidas, uso de explosivos o venenos contra la fauna y vertidos de sustancias tóxicas al agua o al aire. El Poder Judicial coordina con el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y la Procuraduría Especializada para investigar y procesar las faltas.

SENPA documenta la escala del problema: entre 2020 y mediados de 2025 se registraron 9,350 delitos por tala y 2,620 por vertederos improvisados y contaminación de aguas. Entre 2023 y mediados de 2025 el Ministerio decomisó 63,613 unidades no identificadas de arena, 16,449 sacos de carbón y 416,087 piezas de madera. En el primer trimestre de 2025 se incautaron 647 libras de pez loro y 40 libras de otros pescados.

• Tala indiscriminada y extracción ilegal de arena
• Contaminación acústica y del aire
• Caza, pesca y tráfico de especies protegidas
• Quema de áreas protegidas y fabricación de carbón

SENPA lideró al menos 165,514 operativos entre 2020 y mediados de 2025; 2024 representó el 22% del total. En los primeros seis meses de 2025 hubo aproximadamente 10,940 patrullas de seguridad y control y se retuvieron 1,161 vehículos. Materiales como madera y carbón fueron documentados y entregados a las autoridades para evaluación, disposición legal o reutilización institucional. La aplicación Green Line mostró que la mayoría de las quejas vinieron del Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Dajabón y La Altagracia; las denuncias se reciben por app, teléfono, WhatsApp o presencial, y la visita inicial suele tardar 10–15 días hábiles. Los denunciantes pueden permanecer anónimos y consultar el estado con un código único.

Las violaciones confirmadas se derivan a la Dirección de Inspección como casos complejos y se aplican sanciones según la normativa, con posibilidad de un periodo de reajuste antes de una reinspección. Entre las acciones recientes, el 7 de julio de 2025 grupos comunitarios denunciaron destrucción de nidos de tortuga vinculada a Hotel Sirenis y al Matute Hotel Group; las autoridades recomendaron sanciones administrativas, paralizar actividades hasta presentar un plan de remediación costera y remitir el caso a agencias especializadas. El 3 de septiembre se inspeccionó la Pescadería L&R y se incautaron 28 libras de pez loro y 15 libras de caracol; se paralizaron las actividades y el caso fue remitido para procesamiento judicial. En febrero de 2025 una inspección en el río Verde confirmó vertido contaminado desde una granja porcina, mala higiene y un biodigestor aparentemente inoperante, condiciones que violaron el Artículo 82 de la Ley Ambiental.