El gobierno de Filipinas ha promovido la inversión privada y extranjera en energías renovables al eliminar límites a la propiedad extranjera de proyectos solares, eólicos y oceánicos. Al mismo tiempo, las autoridades han intensificado el llamado red-tagging, en el que funcionarios o fuerzas de seguridad etiquetan a activistas y grupos como vinculados al New People’s Army o a actividades terroristas. En julio de 2023 la Corte Suprema advirtió que la práctica amenaza el "derecho a la vida, la libertad o la seguridad".
Como ejemplos concretos, el Leyte Center for Development (LCDe) en Tacloban —que ayudó a 23.000 familias tras el tifón Haiyan de noviembre de 2013, que dejó al menos 6.300 muertos— vio sus cuentas congeladas en abril de 2024. En julio de 2025 su directora se declaró no culpable de tres cargos por financiación del terrorismo; las acusaciones se sustentan en testimonios de cuatro presuntos exrebeldes. LCDe afirma haber sufrido red-tagging durante 15 años y que sus proyectos están suspendidos porque no puede recibir ni gastar fondos, lo que limita la ayuda emergente ante tifones.
Sibat, una ONG con más de cuatro décadas en tecnología limpia rural, también denuncia hostigamiento. En junio de 2025 instaló una bomba de agua solar para víctimas del tifón Rai en Ubay; Rai golpeó a finales de 2021 y fue el segundo desastre natural más mortífero de ese año. Su directora enfrentó cargos en mayo de 2023, fue vinculada públicamente por un funcionario de la AFP en abril de 2024 y presentó una demanda por difamación un año después. Un informe de 2025 indicó que el hostigamiento provocó la dimisión de dos ingenieros y que el personal debe persuadir a funcionarios locales y, a veces, invitar a diplomáticos de la UE para mantener los proyectos.
Expertos de la ONU han criticado el red-tagging. Ian Fry dijo en 2023 que la AFP y la NTF-ELCAC etiquetan sistemáticamente a defensores de derechos y que la NTF-ELCAC parecería usar sus poderes para proteger intereses económicos poderosos. Irene Khan, en junio de 2025, señaló que la NTF-ELCAC "parece ser un importante instigador de la práctica" y advirtió que el red-tagging suele ir seguido de vigilancia ilegal, procesos penales con cargos posiblemente fabricados, amenazas e incluso asesinatos. Los expertos señalan que esta práctica afecta a activistas y a las comunidades que atienden, reduciendo el acceso a servicios y ayuda.
Palabras difíciles
- red-tagging — práctica de etiquetar grupos como subversivos
- hostigamiento — trato insistente que busca intimidar o molestar
- congelar — hacer que algo quede detenido o bloqueadocongeladas
- sustentar — basar una idea o acusación en pruebassustentan
- dimisión — acto de dejar un cargo o trabajo
- vigilancia — observación constante para controlar a alguien
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Preguntas de discusión
- ¿Cómo puede afectar el red-tagging la capacidad de las ONG para ayudar tras desastres naturales? Da ejemplos basados en el texto.
- ¿Qué medidas podrían tomar las autoridades o la comunidad internacional para proteger a activistas y organizaciones sin impedir investigaciones legítimas?
- ¿Crees que permitir mayor inversión extranjera en renovables complica la protección de las ONG locales? Explica por qué.
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