Acuerdos de salud entre Estados Unidos y países africanos ^{CEFR B2}

Una nueva ola de acuerdos bilaterales de salud entre Estados Unidos y gobiernos africanos es objeto de examen y críticas en todo el continente. Los críticos sostienen que esos pactos pueden afectar el control africano sobre datos sanitarios, muestras de patógenos y las prioridades nacionales de salud pública, y piden salvaguardias exigibles y supervisión democrática.

El Departamento de Estado dice que catorce países han firmado bajo el enfoque "America First Global Health". Los países nombrados fueron Uganda (US$2.3 billion), Kenya ($2.5 billion), Rwanda ($228 million), Nigeria ($5.1 billion), Eswatini ($242 million), Ethiopia (1.466billion), Mozambique ($1.8 billion), Ivory Coast ($937 million), Cameroon ($850 million), Lesotho ($364 million), Madagascar ($175 million), Sierra Leone ($173 million), Liberia ($176 million) and Botswana ($486 million). Los acuerdos combinan financiación estadounidense con recursos domésticos y exigen aumentar el gasto en salud, notificar brotes con rapidez y ampliar la vigilancia de enfermedades.

En Kenya, que fue el primer país en firmar un memorando de entendimiento el 4 de diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo dictó una orden que suspende las provisiones sobre transferencia e intercambio de datos sanitarios sensibles hasta la audiencia programada para el 16 de febrero. Allan Maleche afirmó: "Los datos de salud son un activo público estratégico. Cómo se rijan ahora moldeará el control de África sobre la política de salud pública durante décadas". El Departamento de Estado indica que el apoyo estará ligado a la capacidad de los países para cumplir o superar indicadores clave de salud, y Peter Waiswa señaló que "la mayor parte de esta financiación se basa en el rendimiento y es altamente condicional".

Otra preocupación es el intercambio de patógenos: varios memorandos exigen notificar rápidamente a Estados Unidos sobre brotes y compartir especímenes. Aggrey Aluso calificó esto de "la parte más controvertida de los acuerdos" y añadió que "una vez que salen de un país, hay pocas garantías ejecutables sobre cómo se usarán o si los países de origen se beneficiarán". Los críticos piden revisión legislativa, salvaguardias exigibles, supervisión democrática y enfoques regionales de vigilancia para fortalecer las instituciones africanas en lugar de reconfigurarlas.