Protección infantil en India: ley y respuesta familiar ^{CEFR B2}

La investigación muestra una tensión creciente entre el marco legal y las realidades sociales. Aunque India cuenta con la Ley POCSO de 2012 y con mecanismos de denuncia, lo que ocurre después de que un niño hable depende tanto de la ley como de los mundos sociales que las familias deben navegar.

El trabajo de campo, realizado entre julio de 2023 y noviembre de 2024 en Andhra Pradesh y en el distrito de Kakinada, incluyó mandals como Prathipadu, Yeleswaram, Gandepalli, Kirlampudi, Sankhavaram y Jaggampeta. SafeTalks organizó sesiones en eventos comunitarios y se mantuvieron conversaciones informales con niños, adolescentes, docentes, madres, cuidadores y supervivientes adultos; estas interacciones estuvieron moldeadas por el idioma y las normas culturales locales.

Las campañas en las escuelas han mejorado que los niños distingan entre contacto bueno y contacto malo, pero los adultos rara vez recibieron orientación práctica. Un estudio de 2024 en barrios urbanos marginales del distrito de Kakinada encontró que algunos adolescentes podían identificar actos abusivos, pero ninguno conocía la Ley POCSO y la mayoría no sabía dónde ni cómo buscar ayuda. En muchas comunidades organizadas por casta y parentesco, la revelación de un niño se vuelve una crisis familiar: los cuidadores ponderan estatus social, dependencia económica, perspectivas de matrimonio y reputación, y eso a menudo conduce a respuestas tardías, gestión interna o silencio.

Existen vías formales de denuncia, como CHILDLINE 1098 y la e-Box gestionada por la National Commission for Protection of Child Rights, pero su conocimiento es desigual. Algunos adultos dudan de la confidencialidad, temen la intervención policial o riesgo de estigma y represalias. Supervivientes describen efectos a largo plazo cuando las familias no pudieron protegerlos: "Ojalá mi madre hubiera reaccionado de otra manera y me hubiera creído por completo cuando hablé". El informe concluye que formar a los niños es necesario pero no suficiente; las familias necesitan guías claras y accesibles para responder, apoyo confidencial y formas de proteger a un menor sin causar más daño social.